Lcdo. César Ramón Mujica, Comunicador Social – DDHH
El Ministerio Público ordenó el retiro inmediato de todas las publicaciones en redes sociales oficiales que muestren la imagen de personas privadas de libertad, así como aquellas que señalen de manera directa a ciudadanos como responsables de hechos punibles cuando aún no exista una condena penal definitiva en su contra. La instrucción fue girada de manera directa a la Dirección de Relaciones Institucionales para garantizar un estricto apego a la normativa vigente.
Desde el punto de vista jurídico, la disposición se fundamenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La iniciativa asegura el cumplimiento del artículo 49 referente al debido proceso, así como de los artículos 46 y 60, los cuales consagran la protección a la dignidad, la integridad personal y el derecho a la reputación. Asimismo, la decisión busca garantizar de manera transversal el principio de presunción de inocencia, bajo el cual toda persona debe ser considerada inocente hasta que un tribunal determine legalmente su responsabilidad penal.
El organismo fiscal apunta a consolidar una actuación fundamentada en la transparencia, la objetividad y el respeto a los derechos humanos, los cuales han sido tan vulnerados, preservando la dignidad de aquellos ciudadanos que se encuentran sometidos a investigaciones penales. La medida se produce en un escenario donde se han evaluado públicamente aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema penal y los nudos críticos asociados al retardo procesal.
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