Capturan a comisario, inspectores y detectives tras aportar pruebas de video en Caracas
Por: César Ramón Mujica/Com/Soc/DDHH
Un nuevo y grave episodio de abuso de poder sacude al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el estado Zulia, donde siete funcionarios activos, incluyendo a un comisario y varios inspectores, fueron detenidos tras una investigación por presunta vinculación con graves delitos, entre ellos privación ilegítima de libertad, extorsión, asociación para delinquir y hurto calificado.
El caso salió a la luz pública luego de que un ciudadano denunciara haber sido víctima de una actuación irregular y arbitraria por parte de los uniformados en la región zuliana. Ante las múltiples trabas, el miedo y la falta de garantías para procesar la denuncia en el estado Zulia, el afectado tomó la decisión de trasladarse hasta Caracas. Fue en la capital del país donde logró consignar ante las autoridades competentes grabaciones de cámaras de seguridad que documentaban detalladamente los abusos.
Con el material audiovisual como prueba reina, el Tribunal Décimo de Control del estado Zulia emitió formalmente las órdenes de aprehensión contra los siete involucrados. Los mandatos judiciales fueron remitidos al director regional del CICPC, quien procedió a ejecutar las capturas de los propios miembros de la institución dentro de las instalaciones del organismo policial.
Los funcionarios aprehendidos fueron identificados como la comisario Ysora Flores, el inspector jefe Diego Cervantes, el inspector Euro Molina, el detective jefe Leandro Cobis, y los detectives Joiner Rojas, Marycarmen Meziener y Maikel Becerra. Los cargos que enfrentan comprenden privación ilegítima de libertad, extorsión, asociación para delinquir, hurto calificado, simulación de hecho punible y uso indebido de arma de fuego.
Este suceso pone nuevamente en evidencia las profundas fallas en los mecanismos de control interno de los cuerpos de seguridad en Venezuela y la alarmante vulnerabilidad del ciudadano común, quien muchas veces se ve obligado a viajar a la capital para lograr que se investiguen los abusos de autoridad cometidos en las regiones.
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