LOS IMPLICADOS SON LIBERADOS MISTERIOSAMENTE, TRES CAMIONES CONTINUAN DETENIDOS CON LA CARGA DE PINO.
Por Alexander Compiani CNP 2031
El presunto autor de los hechos ha sido identificado como Ronny Alexander Valdés Bermúdez, señalado por la comisión del delito contra la fe pública, tras determinarse que el titular del permiso para la extracción de la madera ya había fallecido y su firma fue suplantada ilegalmente con el aval del director regional de ecosocialismo. Esta grave situación ambiental y penal sacude a Morichal Largo, Temblador y todo el estado Monagas, específicamente en la parroquia Chaguaramas, ubicada dentro del municipio Libertador, donde una red de delincuencia organizada se ha dedicado a la usurpación de identidad y al saqueo indiscriminado de plantaciones forestales pertenecientes a un productor agrario fallecido. El caso, que ya se encuentra en el radar de los afectados y de la representación legal de la familia Díaz, expone cómo mafias de la madera operan con total impunidad en zonas de difícil acceso, vulnerando los derechos sucesorios y destruyendo el patrimonio ecológico de la nación.
La trama delictiva quedó al descubierto tras el fallecimiento del propietario de las tierras, el señor Juan Díaz, ocurrido el pasado 20 de abril. Lejos de respetar el duelo de los herederos, el ciudadano Ronny Alexander Valdés Bermúdez se apropió de la gestión de la parcela y comenzó a tramitar y ejecutar el aprovechamiento forestal de miles de metros cúbicos de pino. Lo insólito de la situación radica en que los permisos para la extracción maderera fueron emitidos de manera anómala en el mes de junio, es decir, semanas después de que el titular del terreno ya había fallecido y sepultado. La abogada de la familia, Ana Valera, junto a los denunciantes directos, los hijos del fallecido, alertaron sobre esta flagrante irregularidad judicial y administrativa, señalando que el despojo se consumó aprovechando el estado de vulnerabilidad y la condición de salud que padecía el productor en vida.
Según los cálculos de los afectados, los infractores han logrado extraer aproximadamente 12.000 metros cúbicos de madera utilizando guías de movilización adulteradas, vencidas o carentes de validez legal desde el sector El Rico de Morichal Largo. La situación de ilegalidad quedó en evidencia cuando una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana Rural interceptó en la parroquia Chaguaramas varios vehículos de carga pesada transportando los pinos sin la documentación reglamentaria. No obstante, tras una detención fugaz en el comando militar, los implicados fueron puestos en libertad de manera irregular, sin que las actuaciones fueran remitidas oportunamente a la vindicta pública o a las instancias del Tribunal Supremo de Justicia, lo que evidencia un presunto esquema de sobornos y tráfico de influencias para blindar a los depredadores ambientales.
En un giro alarmante que mantiene en vilo a la comunidad campesina, los responsables de la suplantación de identidad y el saqueo de tierras de la familia de Juan Díaz fueron liberados de manera misteriosa. Ante este grave panorama de impunidad, los familiares y los denunciantes directos, los hijos del fallecido, exigen una investigación a fondo y solicitan la intervención directa del comisario general del CICPC, Douglas Rico, señalando que la delegación del CICPC en Temblador aún no se ha manifestado sobre este escandaloso caso plagado de escenarios ocultos, que señala la usurpación de identidad.
La denuncia formal ya se encuentra en manos de la fiscal superior, la doctora Delixa Pérez, quien tiene pleno conocimiento del expediente y del procedimiento llevado a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana Rural de la parroquia Chaguaramas, municipio Libertador del estado Monagas, con fecha 23 de septiembre de 2026. Dicho operativo dejó al descubierto la retención en flagrancia de camiones de carga pesada provistos de guías vencidas y falsificadas; sin embargo, aunque tres de los vehículos continúan retenidos, tanto los conductores como los ayudantes y el firmante de los documentos falsos ya se encuentran en libertad. Asimismo, se señala la trama de corrupción del MINEC de Monagas, que incluye a la ingeniera Elizabeth Carrión y al director de la oficina Heberto Solarte, los cuales permitieron el permiso irregular sobre el patrimonio forestal de la familia con más de cien años de tradición en las tierras y más de 25 años de provecho productivo.
Por esta razón, los productores, la abogada de la familia y los familiares alertaron e hicieron un llamado urgente al fiscal general de la república, Larry Devoe, a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, al ministro de ecosocialismo, Nelson Rodríguez, y a la Comisión de Ecosocialismo e Interior, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional para que investiguen la veracidad de estos hechos, revisen este caso, frenen la impunidad y brinden justicia y protección a los campesinos afectados.
La familia campesina de Juan Díaz, junto a los denunciantes directos, los hijos del fallecido, y su abogada, exige justicia tras la misteriosa liberación de los implicados en el despojo de sus tierras y la explotación irregular del patrimonio cultural y forestal; asimismo, se destaca que existe un procedimiento donde la Guardia Rural de la parroquia Chaguaramas confirmó y firmó la retención de camiones cargados de madera extraída ilegalmente desde el sector El Rico de Morichal Largo. Paralelamente, el CICPC de Temblador aun no se ha pronunciado ante los escenarios ocultos y la usurpación de identidad denunciada en la región, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia y la fiscal superior, Delixa Pérez, junto a las altas autoridades nacionales y el Ministerio Público, están formalmente alertados sobre la trama de corrupción y la presunta complicidad de funcionarios del MINEC, exigiendo los productores del estado Monagas una investigación profunda a los organismos competentes para frenar el ecocidio y sancionar a los responsables.