REPORTAJE ESPECIAL: La verdad tras la tragedia de Adriana Yurbely Salas Luzardo exige justicia y desmonta montaje en el Táchira
Por: César Ramón Mujica/Com/Soc/DDHH.
A casi dos meses de haber ocurrido el trágico suceso que conmocionó profundamente a los habitantes de la Carretera Panamericana (Troncal 001), sector La Morita, parroquia La Tendida, municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira, el clamor por justicia de los familiares no cesa. El pasado 8 de agosto de 2026, la ciudadana Adriana Yurbely Salas Luzardo (C.I. V-22.486.138) perdió la vida de forma violenta en un hecho inicialmente caratulado de manera errada y simplista como un homicidio culposo común (bajo la figura del artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal), dejando deliberadamente por fuera el marco de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a pesar de que el victimario directo es el concubino de la víctima, pareja sentimental y padre de dos de sus tres hijos, para el momento se encontraban dos mujeres dentro de la camioneta.
Un montaje procesal y la respuesta institucional
Ante la falta de respuestas efectivas y el evidente retraso generado en la Fiscalía Novena del Ministerio Público del estado Táchira, instancia que incurrió en una presunta retaliación y manejo irregular de las actas policiales y testimoniales, el padre de la víctima, el ciudadano Pedro María Salas, junto al hermano de la difunta, Yoarlis Salas Luzardo, elevaron formalmente la denuncia ante la Fiscalía Superior del Estado Táchira el pasado 25 de agosto de 2026.
Desde entonces, cumpliéndose ya el primer mes en septiembre y avanzando hacia el segundo mes en este mes de octubre, la Fiscal Superior ha asumido personalmente el caso con total compromiso, brindando el máximo apoyo a la familia Salas Luzardo, manteniendo las investigaciones abiertas, rigurosas y activas, y elevando el expediente ante el Fiscal General de la República, Dr. Larry Devoe con una solicitud categórica: la designación inmediata de un Fiscal Nacional con competencia plena en materia penal y derechos humanos para que radique y conduzca las riendas de la causa (MP-127173-2026) y garantice la transparencia ante los graves vicios detectados.

El detonante, la licorería y el cambio de conductor
Las investigaciones rigurosas que hoy adelanta la instancia superior no buscan dilucidar la autopsia, dado que el Protocolo N° 247-26 del SENAMECF (suscrito por la Dra. Nayla Elysmar Nieto Cárdenas) determinó contundentemente un shock mixto neurológico y hipovolémico, edema y hemorragia cerebral, y fractura de C-3 y T-5 derivada de un hecho vial violento, sin desvirtuar el montaje y la manipulación de actas estructuradas para encubrir al verdadero responsable.
De acuerdo con los datos recabados en la zona y las declaraciones de los familiares, horas antes del crimen los involucrados se encontraban ingiriendo licor en una reconocida licorería de la localidad. En el momento del impacto fatal, la camioneta implicada, marca Toyota, modelo Land Cruiser, color blanco, placas AB484RT, propiedad de su concubino, era conducida precisamente por el concubino y padre de dos de sus hijos, quien iba acompañado en el interior por dos mujeres. Tras el arrollamiento deliberado, se orquestó una maniobra dolosa para cambiar de chófer y desviar la responsabilidad penal, manteniendo el vehículo con las puertas trancadas para obstaculizar el auxilio y ocultar a sus verdaderos ocupantes.
El testimonio clave que desmonta la versión oficial
«Una testigo presencial clave, que circulaba inmediatamente detrás de la víctima y cuyos señalamientos quedaron registrados en videos difundidos en tiempo real, aseguró de manera categórica que vio el momento exacto en que la camioneta se le tiró encima de manera deliberada a la concubina, obligándola a lanzarse para evitar ser arrollada también.»
Este testimonio fundamental desnuda la intencionalidad del hecho. Sin embargo, los familiares alertan sobre las presiones e intentos de manipulación posteriores para modificar las versiones de los testigos en la jurisdicción local, lo que justifica aún más la urgente intervención centralizada. La familia Salas Luzardo, encabezada por su padre Pedro María Salas y su hermano Yoarlis Salas Luzardo, se mantiene firme en su lucha contralora para que este presunto feminicidio no quede impune y se aplique todo el peso de la ley a los verdaderos responsables.
Se espera que la buena actuación de la honorable Fiscal Superior y el Dr. Larry Devoe concluyan con la aplicación de la justicia y eleven un voto a favor de los Derechos Humanos, determinen los hechos ante los tribunales competentes en materia de Violencia de Genero.
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